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La sentencia absuelve a una joven que hizo fotos a la Guardia Civil después de que la Marcha de Parados del mes de julio atravesara el túnel de Guadarrama

Un juez de Segovia reconoce que fotografiar una actuación policial “es legítima”, siempre que “no comprometa otros intereses”. De esta manera se pronunció el titular del Juzgado de de Instrucción número dos de la capital Segovia, tras el juicio que se siguió contra una joven que participó, en julio pasado, en la Marcha de Parados y que hizo fotos a agentes de la Guardia Civil en el túnel de Guadarrama.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso La Meseta, “en un espacio público pueden tomarse fotografías de las personas que se encuentran en tales lugares, con ciertas limitaciones como las que operan respecto de los menores de edad”. El 19 de julio pasado, tuvo lugar la conocida como Marcha de Parados, que reunió a cerca de un centenar de personas de Ávila, Segovia y Salamanca en una movilización contra la política de empleo del Gobierno de Mariano Rajoy.

Tras pasar el túnel de Guadarrama, en las cabinas de peaje, un guardia civil que participaba en el operativo policial de control de esta Marcha, “observó” que una joven realizaba fotografías, por lo que le “requirió la cámara para visionar las imágenes y borrar las comprometedoras, negándose a ello de forma reiterada”, según relata el agente en la denuncia.

Esta negativa por parte de la joven fotógrafa fue considerada por la Guardia Civil como una “resistencia o desobediencia frente al cumplimiento de una orden”. Sin embargo, el juez de Segovia deja muy claro, en su sentencia, cuál debe de ser el papel del agente: “En un estado democrático de derecho no toda orden emanada de un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) debe ser acatada ciegamente en pro del principio de Seguridad”. La denuncia de la Guardia Civil insistía en que la joven realizó fotos a los agentes mientras realizaban su trabajo. Y el juez vuelve a responder de forma clara que “no consta que exista ninguna norma general que impida graba imágenes de una actuación de los agentes”, salvo las “limitaciones impuestas” por la protección de la intimidad “de cualquier ciudadano”.

El abogado de la joven fotógrafo ha señalado a La Meseta que aunque en esta ocasión “no les ha salido bien”, esto es un supuesto de “arbitrariedad y abuso policial”, que en la “mayoría” de las ocasiones “impiden el ejercicio de los derechos fundamentales básicos, como el de reunión o manifestación, o la libertad de expresión e información, unos derechos que son esenciales para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos”. Para este letrado, la actuación de la chica es “admirable y digna de proteger e incluso de promover, animando a todos los ciudadanos a convertirse en informadores de los demás usando sus cámaras o sus teléfonos móviles”.

Cientos de personas, procedentes de Galicia, Asturias, León, Salamanca, Burgos, Valladolid o Segovia, se manifestaron el día 21 de julio en Madrid, con el objetivo de exigir un “verdadero cambio en la gestión político-administrativa, económica y social del país”, como aseguraban en aquellas fechas los organizadores.

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El Ejecutivo sube el impuesto de sociedades y congela el sueldo de los funcionarios. Descarta un incremento del IVA, aplica la subida de la luz y mantiene las becas y las prestaciones por desempleo.

En Seúl el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó que el recorte medio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio más complicado de los últimos años, 2012, superaría el 15%, sin tocar partidas como la de las pensiones, y finalmente el recorte medio consignadopara los ministerios en el proyecto de ley de las cuentas es de un 16,9%, unos 27.300 millones de euros (equivalente a un 2,5% del PIB), lo que situaría el gasto total de los ministerios en65.803 millones de euros. Se trata del mayor ajuste de las cuentas en democracia, propio de la enfermedad agónica que atraviesa la economía española y el que el Gobierno calibra como el requerido para cumplir con el ajuste del déficit público del 3,2% para este año.

La austeridad es la seña de identidad del proyecto de ley que han explicado tras la reunión del Consejo de Ministros de este 3o de marzo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Esa situación «límite» por la que pasan las cuentas públicas exige «esfuerzos y reformas para ajustar el déficit y lograr que se dé la vuelta a la situación y se pueda volver a crecer», en palabras de Sáenz de Santamaría.

Una batería de medidas de consolidación fiscal formó parte del primer tronco de este árbol de ajuste, el aprobado el pasado 30 de diciembre,cuando se decidió subir el IRPF y el IBI y se anunció, asimismo, que el ajuste del gasto inicial sería de 8.900 millones de euros, a través ya del recorte de lo que se gastaban los departamentos del organigrama estatal.

Medidas para grandes males

Bajar del 8,51% del déficit que heredó este Gobierno del anterior (correspondiente al año 2011) al 5,3% comprometido para el presente ejercicio con Bruselas exige un segundo bloque de medidas fiscales importantes, que busca un «ajuste drástico» en las cuentas de los ministerios, según ha desgranado la «número dos» del Gobierno. «Hemos empezado por ajustar las cuentas en casa», ha sido el mensaje lanzado por la ministra portavoz. De este modo, se pretende evitar el desfase de gasto de 90.000 millones de euros que se produjo el año pasado y que disparó el déficit más de dos puntos y medio por encima de lo consignado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Según ha glosado Sáenz de Santamaría, las medidas que complementan este proyecto de ley de los PGE, que el próximo martes se encargará de defender el titular de Hacienda en el Congreso de los Diputados, son las de la congelación del sueldo de funcionarios, así como el aumento de la plantilla pública, pero se mantienen las prestaciones por desempleoy también las ayudas a estudiantes a través de las becaseducativas y el resto del gasto social, como el mantenimiento de la actualización de las pensiones.
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Justicia plantea subir entre 50 y 750 euros las tasas judiciales de manera generalizada
El Ejecutivo no sube el IVA, porque no se quiere gravar el consumo, si bien para equilibrar las cuentas y obtener esa vía de ingresos necesaria, sí se incrementa el Impuesto de Sociedades para grandes empresas, con la eliminación de deducciones en esta tasa, y se ajustarán las tasas judiciales (por término general y para cobrar más a los litigantes que recurran un dictamen jurídico en segunda instancia, de modo que se ponga freno al «exceso o abuso» de los recursos). La propuesta del anteproyecto de ley que ha elevado al Consejo gubernamental el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,contempla un aumento generalizado de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, con el fin de paliar la saturación de los juzgados y a su vez sufragar la Justicia gratuita. Con esta medida se espera recaudar unos 300 millones de euros y según ha anticipado el ministro Montoro, por todas las partidas de subida de impuestos, el Gobierno confía en abonar a las cuentas públicas 12.314 millones de euros. «El ajuste es muy duro», ha definido el responsable de Hacienda.
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Vías de nuevo ingreso

JAIME GARCÍA

Montoro dice que «el ajuste es muy duro»

Para esta vía de nuevos ingresos, Sáenz de Santamaría ha indicado que el Gobierno pretende que los Presupuestos incluyan un reparto «equitativo» de los ajustes y los esfuerzos, lo que también afectará a las empresas a las que se aplicará un «programa de regularización fiscal» y repercutirá ese Impuesto de Sociedades.

Otra de las entradas de dinero directo que subsanarán parte del gasto será la aplicación de la subida de la luz. En este punto ha sido el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria quien ha concretado que el Gobierno aplica una subida al recibo de la luz del 7,1% para los usuarios y de un 5% del gas a partir del próximo domingo.

Por último, Montoro ha anunciado dos medidas más: una «amnistía fiscal» que persiga las rentas no declaradas a la Hacienda pública y una modificación de la tributación del tabaco y sus deducciones, que no significa «una subida del impuesto ni un nuevo tipo de gravamen», ha especificado, sino que se efectuará una redistribución del tributo con el objetivo de recaudar más al tiempo que se combate el contrabando. http://www.abc.es