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Fuente || http://www.elmundo.es

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebrará mañana una audiencia pública para conocer las posturas de Google, España y otros países comunitarios sobre el derecho al olvido, en un proceso que podría aclarar cómo aplicar la normativa de protección de datos a buscadores de internet.

Protección o censura

Esa citación se produce después de que la Audiencia Nacional española elevara al TJUE una cuestión prejudicial para saber cómo se debe aplicarla normativa del derecho al olvido en los buscadores de internet. Google ha recurrido en reiteradas ocasiones a la Audiencia Nacional, después de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le instara a retirar la indexación de determinados contenidos por considerar que ésta genera perjuicios muy graves a los ciudadanos afectados.

La compañía del buscador se ha negado a quitar esos enlaces, al pensar que es un “problema de libertad de expresión”, indican fuentes de Google, y estimar que no debe ser el buscador quien controle la información que circula en internet, sino las fuentes del origen de la misma.

La Agencia ha sostenido que sus peticiones pretenden limitar la indexación y la difusión universal y masiva de informaciones que generan una lesión a un ciudadano.

“Cuando existe una prevalencia de la libertad de expresión, cuando la información está vigente, nosotros nunca pedimos la eliminación en el medio de comunicación; por eso, no estamos de acuerdo con que se hable de censura”, han explicado por su parte fuentes de la AEPD.

El paradigma

Google ha recurrido a la Audiencia Nacional las diferentes resoluciones en las que la AEPD le solicitaba la retirada de enlaces.

El tribunal español elevó la cuestión al TJUE para determinar cómo interpretar la ley local de protección de datos y cómo debe actuar en estos casos.

En esa cuestión ha elegido, como caso paradigmático, la reclamación de un ciudadano que encontraba en Google el enlace a una página de ‘La Vanguardia’ que contiene el anuncio de la subasta de un inmueble de su titularidad por impago, publicado hace años. La AEPD pidió a Google que retirara de su índice los datos del ciudadano asociados al citado anuncio, a lo que el buscador se negó llevando el asunto a la Audiencia Nacional, que ahora a su vez pide ayuda al TJUE.

Determinar jurisprudencias

El Tribunal de Justicia de la UE celebrará mañana una audiencia públicaen la que escuchará y podrá hacer preguntas a las distintas partes, que son la Comisión Europea, el reino de España, varios estados miembros, el afectado reclamante ante el buscador, Google Inc. y Google Spain S.L. La AEPD ha explicado que el pronunciamiento del TJUE debería aclarar cómo deberían aplicarse los preceptos de la directiva europea en relación a los buscadores de internet, lo que podría esclarecer la interpretación que deben hacer de esos preceptos todos los estados miembros de la UE, no sólo España.

Además, ha indicado que espera que el Tribunal de Justicia decida si Google está sometido a las normativas europea y española de protección de datos, “si es responsable de las eventuales lesiones que la difusión de información personal puede causar a los ciudadanos” y si éstos pueden ejercitar sus derechos ante la AEPD y ante los tribunales españoles o han de acudir a los de EEUU.

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Fuente || http://noticias.lainformacion.com

  • La filtración duró medio año y afectó a casi 200 personas, de las que aparecían los documentos de identidad, emails y profesiones.
  • Protección de Datos podría haber impuesto al operador una sanción hasta quince veces superior. En 2010, por ejemplo, le multó con 100.000 euros.

Vodafone ha conseguido librarse de una multa de 300.000 euros. A pesar de que datos personales de sus clientes han estado visibles en la Red durante medio año, la compañía solo debe pagar 20.000 euros.

La historia se remonta a 2011. Entonces, dos de sus usuarios denunciaron ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)que, al buscar sus nombres en Google, aparecían informaciones confidenciales que se rastreaban desde la web del operador. Los afectados alegaron ante el organismo que no existía ningún tipo de control sobre sus datos y que, durante meses, no habían recibido explicación alguna por parte de la compañía británica. Para demostrar el error, uno de los denunciantes grabó un video, a través del cual se podría ver que no sólo se captaban sus datos, sino los de casi 200 personas. De todas ellas se publicaba su DNIcorreo electróniconombre y condición profesional.

Una vez que la AEPD avanzó en sus investigaciones, el operador alegó en su defensa que la responsabilidad era completamente de Googledeclarando que “debido a que se filtraron una pequeña parte de los clientes de Vodafone sólo en Google, y no en otros buscadores como Yahoo! o Bing,  pudieran haber sido las herramientas de Google instaladas en los equipos de los usuarios afectados las responsables de mostrar páginas privadas, a las que únicamente se podría acceder por medio de contraseña”. Las acusaciones de la teleco hacia Google contrastan con la agilidad y la cooperación del buscador, que apenas tardó 24 horas en prestar consejo técnico a la compañía y en bloquear más de 2.000 enlaces de internet.

Protección de Datos,  tras evaluar los hechos, ha terminado declarando que la responsabilidad es de Vodafone y le ha impuesto una sanción de 20.000 euros “por insuficiencia de las medidas de seguridad, que posibilitó que cualquier tercero no identificado pudiera acceder a los datos personales de los clientes de la entidad mediante un buscador”.

La sanción, sin embargo, es muy inferior a la que podría haberse impuesto. El portal especializado en borrar datos de la red,  www.salirdeinternet.com, afirma que “la multa podría haber llegado a  los 300.000 euros, teniendo en cuenta que los datos estuvieron accesibles durante meses. Como ejemplo, en 2010, la AEPD sancionó a Vodafone con 100.00 euros por mostrar en su web los datos de 22 clientes durante menos de 24 horas”.