Archivos para abril, 2013

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Fuente || http://www.expansion.com

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional avala que una entidad financiera contacte con el entorno de un deudor para localizarle con razón del cobro de un dinero debido.

La Audiencia Nacional no ve impedimento para que una entidad financiera efectúe numerosas llamadas a teléfonos de personas distintas de sus clientes, entre ellos familiares, con el fin de localizar a sus clientes morosos.

En concreto, la sentencia, del pasado 14 de marzo, estima que el hecho de que la entidad realizara numerosas llamadas a personas del entorno del cliente no tiene entidad por sí solo para acreditar la infracción apreciada, ya que considera que lo relevante es que en esas llamadas se revelaran datos personales del afectado y, especialmente, información sobre su situación de morosidad. De este modo, la Audiencia anula la multa de 50.000 euros que, en el año 2011, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) había impuesto a Cofidis, acusándole de haberse puesto en contacto con los familiares y vecinos de un deudor, para informarles de una deuda de éste, con la excusa de tratar de localizarle.

La AEPD había tenido en cuenta las declaraciones de nueve personas. Aseguraban haber recibido numerosas llamadas tratando de localizar al deudor y faxes repetidos a su trabajo que la AEPD pudo comprobar y en los que se decía “Recuerde que cuanto antes llame antes podremos solucionar su situación con Cofidis”.

Igualmente constaba en el procedimiento una grabación telefónica en la que se decía a los deudores: “Si ustedes no colaboran y no dan la cara para subsanar este tema amistosamente, llamaremos a todos sus vecinos y todos sus familiares”.

La AEPD consideró que la financiera había vulnerado el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos, infringiendo el “deber de secreto”, al haber comunicado la existencia de una deuda, y por ello le impuso una sanción de 50.000 euros, que fue recurrida ante la Audiencia Nacional.

La sentencia valora los hechos y llega a la conclusión de que las comunicaciones de la entidad a los familiares y vecinos han sido legítimas. La Audiencia Nacional, que únicamente ha analizado el contenido de los faxes enviados, ha manifestado que en los mismos no se informa acerca de la deuda, sino de la necesidad de contactar con el deudor “para solucionar su situación con Cofidis”, y que esa frase no implica necesariamente que exista una deuda.

Para el despacho especializado en protección de datos Salirdeinternet.com, la decisión de la Audiencia Nacional es discutible y creen que los familiares y vecinos podrían denunciar a Cofidis por haber utilizado sus propios datos con el fin de sugerirles aspectos de la vida de un tercero.

Sobre el fondo del asunto, destacan desde el portal que la Agencia Española de Protección de Datos, recientemente impuso 6.000 euros de multa a una empresa por enviar una carta a un deudor en cuyo sobre ponía “COBRO DE MOROSOS”. Según la AEPD, cualquiera que viese ese sobre, podría deducir que el destinatario de la carta era necesariamente un moroso.

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Fuente|| http://www.elcomercio.es

La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un proceso sancionador contra Gas Natural Servicios SDG, Sociedad Anónima, después de la denuncia presentada por Ana Rigueira, una consumidora avilesina que informó al organismo del uso irregular que la citada empresa hacía de los datos personales de un familiar próximo.

El pasado febrero, el director de la Agencia Española de Protección de Datos acordaba iniciar el procedimiento sancionador en un acto contra el que la empresa no puede presentar recurso alguno. En su decisión, califica la infracción como «grave» y la compañía afronta una multa que oscilará entre los 40.001 y los 300.000 euros. El origen de la sanción es el uso de datos de carácter personal sin el consentimiento adecuado del afectado.

El origen de este procedimiento se remonta a agosto de 2011, cuando un familiar próximo, de edad avanzada y afectado por varias enfermedades, de Ana Rigueira suscribió varios contratos con Gas Natural Servicios SDG Sociedad Anónima. A partir de ese momento, la empresa comenzó a girar facturas y reclamar el cobro de servicios, incluso como el gas natural, a pesar de que su domicilio no tiene conexión a la red.

En esa situación, en octubre de 2011, Ana Rigueira solicitó a la empresa una copia de los contratos firmados, anunciando su cancelación y negándose a ceder sus datos personales a la empresa.

En noviembre de ese año, la empresa confirmó por escrito la cancelación de la autorización de la cesión de los datos personales, indicando que sólo se utilizarán para gestionar el gas natural, aunque el domicilio carece de conexión.

A finales de diciembre de ese año, se remitía la documentación de nuevos contratos, como el suministro eléctrico, sin firma del cliente. Durante este periodo, la empresa sigue reclamando el cobro de servicios como el suministro eléctrico.

En febrero de 2012, Ana Rigueira denunció lo sucedido a la Agencia de Protección de Datos y, al mes siguiente, le enviaba toda la documentación que acreditaba la relación con la empresa y sus diferentes peticiones. A partir de ahí, la organización comenzaba a investigar antes el caso de emitir su decisión, comunicada a la denunciante en febrero de este año.

Ana Rigueira no oculta su satisfacción por la decisión de la Agencia de Protección de Datos. «Es una de las formas más efectivas que tenemos los consumidores de defendernos», apuntó.

Durante su investigación, los técnicos de la Agencia de Protección de Datos concluyeron que la compañía denunciada «realizó tratamiento de los datos personales de la denunciante sin tener en cuenta el principio del consentimiento del afectado» recogido en el artículo seis de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y que lo recoge como una infracción grave.

También concluye que no existe constancia de que la empresa cancelase la cesión de los datos, tanto en sus ficheros propios como en aquellos transferidos.