Fuente || Europapress
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido una resolución en la que pone de manifiesto que la Autoridad Portuaria de Hueva cometió tres infracciones contra la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), siendo dos de ellas de carácter grave y la última de carácter leve.
Según reza la reciente resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan a diciembre de 2010, cuando por entonces una persona denunció ante la Agencia de Protección de Datos las posibles ilegalidades efectuadas desde la Autoridad Portuaria de Hueva al contar con un sistema de videovigilancia en el puerto que abarca varios kilómetros, el cual «podía grabar personas que transitan por dicho espacio e incluso una zona de viviendas» y además indicaba que «el sistema no advierte de la recogida de datos, ni avisa al responsable del fichero ni del ejercicio de derechos».
En esta misma línea, la denunciante indicaba que existen tres líneas de teléfono de emergencias, pertenecientes al Centro de Control de la Autoridad Portuaria, que «graban conversaciones», «se almacenan» en un fichero y que «no se informaban de dicha grabación», pero como posteriormente, una vez se produjo la denuncia, comprobó la AEPD que el puerto informaba de la grabación pero «no se comunicaba el motivo y la finalidad» de la recogida de los datos a la persona que llamara a esas líneas de teléfono «ni se hacía referencia alguna a la normativa sobre protección de datos».
De este modo, tras la denuncia, la inspección de la AEPD se confirmó que la Autoridad Portuaria había instalado 28 cámaras de video vigilancia y durante la inspección llevada a cabo se detectó que «era posible dirigirlas hacia los edificios cercanos al puerto, pudiendo enfocar mediante zoom óptico, fachadas y ventanas de los citados edificios» e incluso se determinó que algunas cámaras «enfocaban a la vía pública, la calzada de circulación y se podía acercar el enfoque a la vía pública por donde puede transitar a pie o en vehículo cualquier persona».
Además, la resolución destaca que los tres teléfonos de emergencias existentes en la Autoridad Portuaria realizaban grabaciones y desde su instalación hacía dos años «no se había borrado ninguna de las llamadas recibidas», a lo que añade que la Autoridad Portuaria tampoco había declarado los ficheros oportunamente ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Ante la situación descrita, la Autoridad Portuaria modificó su sistema de grabaciones y declaró que las grabaciones que se efectuaban con anterioridad eran necesarias con el fin de garantizar la seguridad.
Sin embargo, desde la AEPD afirmaron que «se entiende que en las zonas concretas de admisión o almacenamiento existan sistemas que capten la totalidad del espacio, no así en partes de vía pública a las que pueden acceder cualquier ciudadano sin restricción. Esta captación de imágenes en la vía pública excede el principio de proporcionalidad exigido por la normativa de protección de datos habida cuenta de que se captan imágenes de personas y vehículos en diversas vías públicas».
La resolución señalaba que ésta se pondrá en conocimiento del Defensor del Pueblo e instaba a la Autoridad Portuaria a que acreditara en el plazo de un mes una resolución al objeto de que se impida que «en el futuro pueda producirse una nueva infracción».
De otro lado, según fuentes del portal especializado en protección de datos www.salirdeinternet.com estas infracciones podrían haber supuesto para una empresa privada una sanción de hasta 640.000 euros.
MEDIDAS DE ADECUACIÓN DEL PUERTO
Por su parte, desde la Autoridad Portuaria han indicado a Europa Press que a las cámaras se les instaló un sistema de visera al objeto de que sólo se filmara la zona portuaria y se tomaron las medidas correspondientes por lo que la AEPD «quedó satisfecha» con el resultado.
Respecto a las llamadas telefónicas, recuerdan que «sólo se graban» aquellas efectuadas al Centro de Control de Emergencias por motivos de seguridad.
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