La Agencia Española para la (no) protección de datos

Publicado: 10 octubre, 2011 en Noticias

 La Constitución consagra en su artículo 18 el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, estableciendo que “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Pese a lo anterior, la Agencia Española creada al efecto habría que llamarla “Agencia para la no Protección de Datos”, pues es totalmente reacia a tutelarlos. Pero seguro que a fin de mes cobran religiosamente.


La Ley Orgánica 15/1998, de Protección de Datos de Carácter Personal, regula esta materia, creando ex novo la Agencia de Protección de Datos, y prevé en su artículo 41 la existencia de órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, con parte de sus atribuciones y funciones, quedando lógicamente a criterio de los gobiernos regionales su posible implantación, o no. Algunas comunidades autónomas han creado  sus propias agencias, para dar acomodo a sus parientes, amigos y correligionarios, por este mismo orden, incrementando así el coste del no servicio y duplicando las competencias. Total que más da, si ya estamos en la ruina más absoluta.

Tengo ante mí un expediente de queja a la Agencia citada, motivado por la reclamación de un ciudadano ante un comentario –anónimo, faltaría más-, injurioso contra su persona, en un blog de información católica, aunque nadie lo diría, a juzgar por los exabruptos, injurias y calumnias que contiene. Se nota que hay mucho fariseo vestido con piel de cordero, pero con una hiena en sus entrañas.

Denunciados los hechos ante la Agencia, al haber hecho caso omiso el responsable de la web en cuestión de la previa petición de supresión de dichas injurias, dice la Agencia en primer lugar que podemos acudir a “los derechos que le otorga la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, los cuales pueden ser ejercitados ante la instancia jurisdiccional competente”. Evidentemente, para acabar en el juzgado no hace falta crear –y mantener- esta Agencia gubernamental para nada. Y, en segundo lugar, nos explica que: “En el supuesto planteado, no habiendo recibido respuesta a la solicitud efectuada ante el autor del blog, el afectado puede ejercitar el derecho de cancelación ante el responsable de la plataforma que aloja el blog, pudiendo para ello hacer uso de la funcionalidad que GOOGLE ofrece en su sección… También puede dirigirse por escrito al representante en España de la compañía responsable…”.

En resumen, la Agencia dice que: “se acuerda no incoar actuaciones inspectoras y no iniciar procedimiento sancionador ni procedimiento de infracción de las Administraciones Públicas”. Advirtiendo, eso sí, que son muy legalistas, que puede interponerse “directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional”, sino se está de acuerdo con la resolución anterior.

Señores del (des)gobierno: visto que la Agencia no hace ni piensa hacer nada en la práctica totalidad de los procedimientos que incoan, ¿no sería preferible suprimir el organismo –y los similares de las comunidades autónomas-, y dejar a la jurisdicción ordinaria las controversias que surjan? Al menos así nos ahorraríamos mucho dinero y los empleados de la Agencia podrían irse al Inem, donde ya “trabajan” actualmente, pues no hacen nada, pero cobrando cuantiosos sueldos. www.aragonliberal.es

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